Los Inrockuptibles

A diez años de la desaparición de Marita Verón, caso emblemático en nuestro país de la trata de personas con fines de explotación sexual, en la Argentina las redes de prostitución ya están instaladas y consolidadas: un negocio que mueve millones y salpica corrupción y connivencia para todos lados. Crónica de un ajedrez de puticlub entre la protección política, el rol de la Policía Federal y los proxenetas, en el que las mujeres siempre pierden. / Por Alejandro Bellotti / Ilustraciones Pablo Zweig

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A los investigadores de efemérides les gustará recordar que el pasado 3 de abril se cumplieron diez años de la desaparición de Marita Verón en manos de las redes de trata de personas, y también que el próximo 5 de julio se cumplirá un año exacto del día en que la presidenta Cristina Fernández anunció en la Casa Rosada la promulgación del Decreto 936, el cual prohíbe la publicación de avisos clasificados de oferta sexual. Más allá de la dilatada trenza temporal, ambos extremos se unen. Uno es consecuencia directa de otro. Basta recordar que el caso Verón perforó la epidermis sensible de los medios e imprimió en la agenda un tema descuidado hasta entonces: que en la Argentina hay trata de personas con fines de explotación sexual. No solo eso: la rebelión de Susana Trimarco, madre de Marita, presionó la promulgación de la Ley 26.364 (2008) de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y la conformación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), la cual se dedica, entre otras cosas, a desarrollar investigaciones como las que desembocaron en el decreto divulgado por Cristina.

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Las escuálidas medidas implementadas en el país carecen de efectividad. Si bien desde 2008 unas 2.200 mujeres fueron rescatadas de grupos de trata, apenas se abrieron 122 procesos judiciales y sólo 40 casos llegaron a sentencia.

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Fechas, normativas, siglas. Los minúsculos avances de los últimos años posibilitaron la conformación de una plataforma legal que permitiría, en tal caso, desalentar la trata de personas para fines sexuales. Pero esto no es lo que sucede de hecho. Está demostrado que el engorde normativo por sí solo no basta para decapitar un negocio que moviliza 32 mil millones de dólares anuales, ubicándose en tercer lugar dentro de las actividades ilegales más lucrativas, sólo superado por el tráfico de armas y el narcotráfico. Lo sabemos de memoria: los prostíbulos están prohibidos por la ley 12.331, vigente desde 1937, aunque basta con calzarse los rollers y darse una vueltita por la ristra de puteríos recoletos para comprobar que los amos de la carne perforable le hacen pito catalán a las leyes. Hace apenas unas semanas, la gente de la ONG La Alameda, pionera en el combate contra la trata de personas y el trabajo esclavo, introdujo una cámara oculta en el boliche “clase C” de nombre Brut, ubicado en Vicente López y Azcuénaga. “Encontramos lo de siempre: una menor que nos confesó explotación sexual, drogas, pagos de coimas a la policía y a la municipalidad. Este video lo presentamos en la causa Martins, aunque ya sabemos que no existe voluntad para investigar.” Quien habla es Gustavo Vera, director de la organización que se presentó como querellante en el litigio abierto contra Raúl Martins cuando se enteraron de que la jueza Servini de Cubría había archivado la causa. Recordarán: el proceso fue iniciado por Lorena Martins, hija de Raúl, un ex agente de la SIDE iniciado en los años duros de Aníbal Gordon, aún vinculado al organismo. Martins, quien vive en México, es denunciado por proxenetismo y trata de personas, considerado patrono de una mega industria de genitales traficados que triangula entre Buenos Aires, Mendoza y Cancún. La solicitud de la querella nos ilumina: “Existiría un grupo de proxenetas que explota la llamada prostitución VIP y que goza de la protección oficial proporcionada por funcionarios de la Policía Federal Argentina, de la SIDE y del Juez Federal Dr. Norberto Oyarbide (amigo de Martins). Esta red de proxenetas estarían, además, financiando con su actividad ilícita no sólo negocios en los que invierten sus ganancias sino también campañas políticas, lo que estaría indicando la concreción de las peores formas de crimen organizado”. Las últimas líneas refieren a que en su denuncia, Lorena Martins también involucró a Oscar Ríos, ex titular de la Agencia de Control Gubernamental porteña y jefe político del PRO en el barrio de Flores, por cobrar 10 mil dólares de gente de su padre para la campaña de Mauricio Macri. Para colmo, hace unos meses circuló en los medios una foto en la que aparecen Mauricio y su esposa Juliana Awada en vigorosa luna de miel junto a Gabriel Conde –del rancho Martins–, dentro del prostíbulo MIX de Cancún. Lorena Martins lo explica: “Macri está en un prostíbulo, por más que lo niegue, y se saca una foto con Conde, que estuvo preso por tener una menor de edad en su burdel. Esta es una causa que toca a mucha gente, porque mi padre manejó durante veinticinco años la prostitución en Buenos Aires, con una red de complicidades tan enorme que roza a personajes poderosos, por eso no hay interés en investigar. Por eso Servini de Cubría archiva la causa: o bien porque quiere tapar a alguien, o porque está recibiendo presiones”. Hasta ahora, la Cámara no se expidió sobre si la causa será archivada o no. Por su parte, Lorena Martins resiste las amenazas de muerte detrás de un custodio designado por el Ministerio de Seguridad.

La trata de personas está basada en tres elementos básicos: reclutamiento, transporte y explotación. La Argentina atesora los tres ingredientes, un enchastre de corrupción y connivencia que salpica para todos lados. Según un reciente estudio sobre trata de personas en el país, realizado en conjunto por la UFASE y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), las modalidades en el comercio de explotación sexual estarían mutando. Para esquivar la situación de esclavitud, los tratantes benefician a las mujeres esclavizadas con ciertas libertades como tener sus documentos o poder salir de los lugares de encierro. “Este estudio muestra como un primer escalón de análisis que el tratante no ha necesitado, en un enorme porcentaje de los casos, acudir a técnicas de sometimiento de la libertad más duras (violencia o amenazas) sino a formas más sutiles (engaños y abuso de la situación de vulnerabilidad) para explotarlas sexualmente. Esto debe tenerse en cuenta para las interpretaciones de la norma equivocadas, todavía existentes hoy, que solo reconocen la trata en los casos en que la mujer esté encerrada o incomunicada; y no cuando quien la explota no la encierra pero se abusa de su situación de vulnerabilidad (basada en la pobreza, desarraigo, necesidad, cuestiones de género, etcétera)”, asegura el fiscal general Marcelo Colombo, director de la UFASE.

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Las modalidades en el comercio de explotación sexual estarían mutando. Para esquivar la situación de esclavitud, los tratantes benefician a las mujeres esclavizadas con ciertas libertades como tener sus documentos o poder salir de los lugares de encierro.

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Últimamente la discusión, como modo de frenar la explotación forzada de mujeres, se focaliza en debates por la penalización o no del consumo de prostitución. El argumento esbozado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) y avalado por otras organizaciones, apunta justamente a desmantelar la prostitución, caldo de cultivo para la trata. Este modelo se sustenta en un arquetipo aplicado en Suecia, en donde consiguieron reducir un 80% los delitos de explotación sexual. En AMMAR, el sindicato argentino que agrupa a unas 4.000 trabajadoras sexuales, aseguran que “la persecución del cliente solo logra el ocultamiento del trabajo sexual” y “genera el crecimiento de redes mafiosas, amparadas por la dudosa ética de las fuerzas de seguridad”. El Congreso argentino, que en breve debatirá sobre la modificación de la vigente Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, deberá tener en cuenta la ringlera de impericias ISO 9001 que nos distancian del país nórdico. A saber: pobreza, inmigración ilegal, fronteras difusas y desnutridas, misoginia, discriminación y niveles fenomenales de corrupción.

A esta altura, los investigadores de efemérides que nos acompañan desde la primera línea habrán notado que las escuálidas medidas implementadas en el país carecen de efectividad. Si bien desde 2008 unas 2.200 mujeres fueron rescatadas de grupos de trata, apenas se abrieron 122 procesos judiciales y sólo 40 casos llegaron a sentencia. Todos los informes difundidos y las fuentes consultadas concuerdan en que para combatir en serio la trata hay que triturar la connivencia estatal –Policía Federal a la cabeza– con las redes de trata y explotación sexual, estableciendo límites más firmes entre lo legal y lo ilegal. (En Argentina, la práctica prostibularia y la explotación sexual están prohibidas, pero no así el ejercicio de la prostitución.) Cierra Colombo: “Hay que generar políticas públicas necesarias para que esa necesidad de la que se aprovecha el tratante disminuya, de modo que la mujer prostituida pueda tener opciones de vida dignas. Que el derecho penal se utilice como última alternativa de la solución de su conflicto social, no como la primera y única herramienta del Estado. Porque las condiciones de base para que la práctica prostibularia se mantenga –la discriminación, la desigualdad estructural, la falta de oportunidades–, no se pueden combatir desde el derecho”.