Los Inrockuptibles

El intento de aprobar una serie de controvertidas leyes antipiratería hace pocos días en los Estados Unidos quedó congelado luego de una reacción en cadena que incluyó acciones y protestas de todo tipo. Sin embargo, el desbaratamiento de Megaupload dejó en evidencia la trastienda criminal de los sitios de descargas que se amparan en la libre circulación de contenidos. Una batalla cultural que recién empieza. / Por Hernán Ferreirós

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En su último libro, Living in The End Times, el filósofo esloveno Slavoj Zizek indica que la democracia capitalista en su forma actual está alcanzando un “punto cero apocalíptico” en el que deberá transformarse o desaparecer. Entre los síntomas de la crisis, identifica la serie de problemas originada en torno a la propiedad intelectual. Zizek afirma que ésta es una crisis del capitalismo que no va a solucionarse con una mejor democracia, más atenta a las diferencias y a los problemas de las minorías. La respuesta intentada recientemente por el Congreso de los Estado Unidos ante este problema ni siquiera fue más democracia, sino peor capitalismo. En efecto, las legislaciones llamadas SOPA (por Stop Online Piracy Act) y PIPA (por Protect IP Act) ponen los intereses de las corporaciones incluso por encima de la competencia de la justicia.

Uno de los puntos más polémicos de estas leyes es el que habilita a cualquier compañía a reclamar el cierre de una dirección de Internet sólo con la denuncia de que se comente una violación a sus derechos de propiedad intelectual. Es decir, se invierte el principio básico de presunción de inocencia: primero se castiga, clausurando, y luego el acusado tiene que demostrar que no es culpable. Otro de los puntos, aun más polémico para quienes no viven en los EE.UU. y, en consecuencia, no aceptan con naturalidad su accionar global, es que esta legislación podría ser aplicada sobre direcciones web que no estén radicadas en Norteamérica. Incluso para quienes acuerdan que los derechos de autor son inalienables, la propuesta de SOPA es problemática porque define de modo muy general los casos para su aplicación de modo que se presta a abusos. Por ejemplo, la compañía de hosting de video A puede acusar a su competidora B de tener material ilegal. Bajo SOPA, B sería clausurada hasta que se pueda demostrar que la denuncia no tiene fundamento. Ninguna empresa en sus orígenes podría sobrevivir financieramente a este embate por lo que, en los hechos, SOPA sería una forma legal de eliminar a la competencia.

Desde luego, las protestas no tardaron en hacerse oír: hubo una militancia online y offline contra la legislación, y el día previo a la votación en el congreso estadounidense, algunos de los sitios más populares de Internet como Wikipedia cerraron sus páginas (“Imaginen un mundo sin acceso libre a la información”, ponían). Como se anticipaba, dado que la Casa Blanca había manifestado críticas contra estas leyes (propuestas por un congresista republicano de Texas), la legislación no pasó. Sin embargo, al día siguiente del fracaso, el FBI procedió a clausurar Megaupload (uno de los depósitos de piratería más populares de Internet) y a detener a cuatro de sus responsables, entre ellos a Kim Dotcom, el excéntrico multimillonario dueño del site. Como represalia, esa misma noche, el grupo de hacktivistas Anonymous bloqueó el acceso a los sitios web del FBI, del Departamento de Justicia, de la RIAA (la asociación de la industria discográfica norteamericana) y otros que impulsaban a SOPA.

Esa noche, en la web, se respiró un aire de triunfo mientras Anonymous, a través de sus cuentas de Twitter, informaba el “tango down” de un sitio tras otro como si fueran cowboys del ciberespacio salidos de una novela de William Gibson. Así se debían sentir, sin dudas. A diferencia de, digamos, Wikileaks, Anonymous no causo ningún daño real al establishment, no hackeó información confidencial ni cambió nada: se limitó a redireccionar el trafico de la web para sobrecargar los servidores de ciertos sites y volverlos momentáneamente inaccesibles. Es lícito preguntarse si estas travesuras anunciadas de modo grandilocuente (“We never forgive”, “Expect us!”) no hacen más que abonar el terreno para que se agiten las banderas del ciberterrorismo y dar argumentos a los que abogan por el control de Internet.

La piratería paga (ya sea vendiendo copias o membresías o publicidad) no es una forma de abolición del copyright sino la reinstalación del capitalismo más brutal: lucrar a costa del trabajo de otro.

Por el momento, SOPA está congelada pero eso no quiere decir que los problemas no continúen. Por un lado, se pueden esperar nuevos embates contra la apertura de Internet y, al mismo tiempo, la crisis de la propiedad intelectual sigue en el centro de la escena. Los partidarios de su abolición afirman que la información debe circular sin ningún tipo de restricción, que los beneficios de la libre circulación de la información sobrepasan con mucho el perjuicio a los dueños del copyright. Si bien se puede replicar que es una idea retrógrada considerar que los productos del trabajo intelectual no merecen un pago como los productos del trabajo físico (ningún partidario del copyleft planteó no pagar la comida que consume), también es cierto que los derechos de autor tienden a ser mantenidos por corporaciones antes que por personas. Salvo el muy pequeño grupo de autores tan exitosos que pueden negociar de igual a igual con una empresa sus beneficios, por lo generar cualquier convenio con un intermediario dedicado a la difusión del trabajo intelectual (editoriales, distribuidoras de cine, sellos discográficos, canales de televisión) implica la cesión total de derechos por parte del autor. Es decir, que los principales perjudicados ante la violación del copyright no son los creadores sino intermediarios que no crean nada pero son los dueños de los medios de difusión y que, demás está decir, reciben ganancias muy superiores a las que pagan a los autores. Internet hace posible que el medio de difusión esté al alcance de todos. Tal como demostró Radiohead con su disco In Rainbows (puesto online sin restricciones: cada usuario podía decidir si quería pagar algo por la descarga y cuanto quería pagar), por primera vez desde la invención de la imprenta es posible eliminar a los intermediarios. Y se demostró que cuando un producto se pone a disposición de todos a un precio razonable, muchísima gente está dispuesta a pagar por él aunque pueda tenerlo gratis.

Por último, también es necesario diferenciar entre aquellos que abogan por la libre circulación de las ideas, sin propiedad intelectual porque es entendida como una forma de censura, y aquellos que ganan dinero con la piratería. La piratería paga (ya sea vendiendo copias o membresías o publicidad) no es una forma de abolición del copyright sino la reinstalación del capitalismo más brutal: lucrar a costa del trabajo de otro. Kim Dotcom no es el Che Guevara de Internet ni un hippie libertario: vivía en la mansión más cara de Nueva Zelanda una vida de lujo y gastos extravagantes. Así como si se abolieran las restricciones sobre el consumo de drogas también se eliminaría el narcotráfico y toda la red de delitos asociadas a él, la abolición de los reclamos de copyright de las corporaciones terminaría con la piratería, pero, tal como diagnosticó Zizek, esto implicaría un cambio de paradigma y abandonar una idea de propiedad a la que todos, más o menos, somos adictos.