Los Inrockuptibles

Mientras en el Congreso se debate la despenalización de la tenencia de cualquier sustancia ilícita para consumo personal y el autocultivo de cannabis, sorpresivamente el gobierno uruguayo presentó un proyecto de avanzada en la materia para la región. ¿Qué hay que cambiar y por qué de la ley de drogas hoy en vigencia? ¿Cuál es el entramado de intereses que se oculta detrás del sistema actual? ¿Despenalizar es lo mismo que legalizar? A continuación, algunas respuestas. / Por Martín Armada*. Ilustraciones Pablo Zweig

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La discusión por la despenalización no está de moda. Es decir, no es banal, ni efímera. El debate por un cambio en las políticas de drogas aplicadas por más de cuarenta años es un hecho arraigado. Las posiciones que sostienen la necesidad de diseñar nuevos paradigmas vienen ganando terreno desde hace décadas. Mientras desde Centroamérica, pasando por Ecuador y Bolivia, el cuestionamiento a las políticas de drogas impulsadas por los Estados Unidos a través de los organismos internacionales es cada vez más fuerte, del otro lado del ancho río el gobierno del uruguayo José Mujica propuso avanzar con la legalización de la marihuana. Podríamos decir que estamos rodeados. La “despenalización”, como en general se la llama para abreviar un concepto extenso y complejo, no es otra cosa que la posibilidad de adoptar políticas de calidad, soberanas y humanas ante el indiscutible hundimiento de las estrategias antidrogas adoptadas en las últimas décadas.

En nuestro país, luego de que se presentaran ocho proyectos para reformar la ley de drogas, Diana Conti (FpV), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Victoria Donda (FAP) unificaron sus ideas en un documento que plantea un acuerdo general por la despenalización de la tenencia de drogas y el autocultivo cuando tengan como fin el consumo personal. De momento, en un universo político donde no faltan convulsiones, el debate sigue el rumbo que, en los próximos meses y con niveles de consenso altos, lo llevará a la Cámara de Diputados. El objetivo es claro: hay que poner fin a más de veinte años de fracasos.

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“La ley actual le ha permitido a la policía extorsionar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, torturar a detenidos y hacer caja chica. La gran caja, claro, proviene de su connivencia con las organizaciones criminales.”

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Para entrar en tema lo mejor es echar luz sobre la historia de la actual ley de drogas, la 23.737, y exponer las razones y argumentos que demandan un cambio urgente. Entonces, antes que nada, un poco de historia. A comienzos de los setenta, el presidente estadounidense Richard Nixon, mientras mandaba intensificar la presencia de los marines en Vietnam, declaraba la “Guerra a las drogas”. Esto evidencia que la prohibición contemporánea no nació de la voluntad de estados independientes por combatir el narcotráfico y el consumo de drogas, sino como una herramienta central en la política exterior de los Estados Unidos justificada en la Doctrina de Seguridad Nacional. El caso de la Argentina es emblemático: el primero que propuso perseguir a los usuarios de drogas fue José López Rega quien, en 1974, impulsó la ley 20.771, antecedente de la actual legislación. La justificación de López Rega es un clásico: “Las guerrillas son los principales consumidores de drogas en Argentina (sic), por lo tanto, la campaña antidroga será auténticamente una campaña antiguerrilla”. En 1986, la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de penalizar la tenencia de drogas para consumo personal. En el Fallo Bazterrica, los jueces basaron su decisión en el artículo 19 de la Constitución Nacional: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. Es decir, hace veintiséis años ya se sostenía lo que en 2009 reafirmó la Corte de manera unánime.

En 1989, desconociendo el Fallo Bazterrica, el congreso menemista dio forma a la ley 23.737 acorde a las “recomendaciones” de la Convención contra el Tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas celebrada por la ONU en 1988 y las exigencias de los gobiernos republicanos de Reagan y Bush padre. La ley estableció dos ideas centrales. Primero, el usuario es un adicto, no existe el consumidor ocasional y no problemático. Segundo, el mero hecho de tener drogas es un delito en potencia. De esta manera, los usuarios de drogas son considerados delincuentes a los que se debe perseguir para garantizar el orden público y llegar a “El Narco”.

Bajo esta ley, todo aquel que es encontrado con drogas es detenido y procesado. Luego, es obligado a convencer al magistrado de que no es un narcotraficante, dado que la figura de la “tenencia simple” le exige que demuestre “inequívocamente” ante un juez que la droga incautada era para su consumo. Pero, si logra que el juez le crea, la ley le impone dos opciones: dos años de cárcel o un tratamiento obligatorio. Los tratamientos compulsivos no son provistos por el Estado, sino que éste deriva fondos a instituciones privadas para realizar la tarea terapéutica. Por ello, a pesar de las acusaciones y denuncias en su contra por la violación a los derechos humanos, dichas instituciones son una de las principales voces en contra de la despenalización. Temen que los tratamientos sean articulados por la ley de Salud Mental y un Plan Nacional de Asistencia a las Adicciones que haría de la compulsión el último recurso. Otra gran corporación opositora es la policía, a la que esta ley le ha permitido extorsionar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, torturar a detenidos y hacer caja chica. La gran caja, claro, proviene de su connivencia con las organizaciones criminales. En un escenario despenalizado, las fuerzas de seguridad deberían elaborar cifras reales, se distribuirían los fondos que malgastan en causas a consumidores y se reprimiría el comercio ilegal, sin excusas.

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“La despenalización es el primer paso para liberar al consumidor de la cachiporra, para dejar de considerarlo un delincuente.”

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El cambio en las políticas de drogas no es una opción, sino que se evidencia como una necesidad urgente. Sin contar el genocidio que el prohibicionismo ha alentado en Colombia, México y Centroamérica, en el ámbito local sobran hechos que denuncian el fracaso de las últimas décadas. En la Argentina, el narcotráfico se expandió. Pasó de ser un país de tránsito a un territorio que permitió que se multipliquen las cocinas de paco, un subproducto de la cocaína no apto para el consumo humano; además de la circulación descontrolada de precursores químicos utilizados en la producción de diversas drogas. La justicia y el sistema penitenciario colapsaron. Según cifras oficiales, más del setenta por ciento del total de las “infracciones a la ley de estupefacientes” involucra a usuarios; del resto solo el uno por ciento resulta culpable de comercio; y el saldo termina en situaciones “dudosas” y derivan en condenas por “tenencia simple”, dado que los fiscales no puede demostrar comercio y el juez duda de si se trata de un usuario. En cuanto a las cárceles, más del ochenta por ciento de las mujeres detenidas en cárceles federales están allí por causas vinculadas a drogas. En muchos casos se trata de las mal llamadas “mulas”, personas de bajos recursos sin antecedentes que se ven obligadas a transportar pequeñas cantidades de drogas poniendo en riesgo su vida. Del total de la población penitenciaria, el treinta y dos por ciento está en prisión por infracciones a la ley 23.737. Y por último, el consumo de drogas aumentó en todo el país y los problemas asociados al consumo (sobredosis, intoxicación, adicción, contagio de enfermedades, etc.) se expandieron, dada la inexistencia de campañas de prevención. La reducción de daños ha sido dificultada por el Estado; de hecho, se hicieron denuncias a profesionales que buscan explicar los cuidados básicos a usuarios de paco y sustancias inyectables.

El diablo despenalizador
Los defensores de la prohibición han echado a rodar, en líneas generales, dos slogans en torno a la despenalización: “ahora nos hablan de drogas libres” y “los despenalizadores quieren abandonar a los adictos”. En principio, la despenalización no es legalización. Se despenalizan conductas y se legalizan sustancias. El objetivo presente es dejar de penar la tenencia de drogas y el autocultivo de cannabis cuando se destinen exclusivamente a consumo personal. Las drogas seguirán siendo ilegales, pero los usuarios dejarán de ser perseguidos por una acción que no supone delito alguno. Al mismo tiempo, permitir que los usuarios de marihuana puedan tener las plantas para satisfacer su consumo hará que dejen de recurrir al narcotráfico para obtener el cannabis. De esta manera, la persona no se expone a situaciones de riesgo potencial y consume materia vegetal no adulterada.

Por otra parte, si el temor es el aumento del consumo, ningún país de los que ha decidido despenalizar ha tenido ese problema. Es más, se ha reducido el consumo y se han mejorado los estándares sanitarios. Dado que Holanda, para el prohibicionismo vernáculo, pareciera tener el problema de ser un país demasiado serio, vale poner en discusión el ejemplo de Portugal, donde se redujo en un cincuenta por ciento el consumo de drogas en la adolescencia y los índices de consumidores de cannabis (8,2%) y cocaína (0,9%) pasaron a ser los más bajos de Europa desde que se despenalizó en 2001. En cuanto al abandono de las personas con problemas de consumo, bajo la Ley actual no sólo han sido abandonos por la ausencia total de todo plan sanitario público y gratuito de atención, sino que, además, a la falta de ambulancias el Estado decidió contrarrestarla con una sobreabundancia de patrulleros. La ley 23.737, en una de sus mayores aberraciones jurídicas, ha encerrado y olvidado dentro de una ley penal (aquella que decide qué conductas deben ser castigadas) la asistencia a quienes la necesitan. Para la ley actual, antes de recibir atención, el usuario es esposado, metido en un calabozo, maltratado por policías y algunos internos, llevado ante un juez y, luego, llevado a la puerta de varias clínicas privadas hasta que alguna, luego de evaluar que no es un problema para su rentabilidad, lo acepte.

La despenalización no resolvería lo que tiene que resolver el sistema de salud mediante un Plan Nacional de Asistencia a las Adicciones que, dicho sea de paso, perdió estado parlamentario dado que el Senado decidió no tratarlo y convertirlo en ley. La despenalización implicaría, ante todo, el reconocimiento de derechos indiscutibles presentes en el derecho argentino desde el nacimiento de nuestra república. Y, en lo que a adicciones se refiere, sería el primer paso para liberar al consumidor problemático de la cachiporra, dejar de considerarlo un delincuente para poder empezar a tratarlo como un sujeto de derecho que necesita atención y no violencia.

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*El autor de esta nota es editor general de la revista THC.